Por Jessica Rosales
En México, el papel de la mujer indígena es, por cultura, ser el apoyo de su esposo, cuidar a la familia y atender las labores del hogar.
Pero además enfrentan la discriminación, la pobreza y el racismo en el país, sin mencionar que cuando buscan justicia se topan con sistemas judiciales ineficientes, corruptos e insensibles a la situación de este grupo de la población.
Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial fueron acusadas en marzo de 2006 por el secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Las dos primeras también fueron acusadas por delitos contra la salud.
Los agentes, seis, acudieron sin uniforme y sin identificación, y acusaron a las tres mujeres otomís de secuestrarlos y pedir un rescate de 80 mil pesos. ¿Usted cree que la fuerza física de tres féminas supera la de seis hombres, seguramente armados?
Los elementos ni siquiera ratificaron la denuncia y no presentaron pruebas, pero la autoridad federal las condenó a 21 años de prisión. Pasaron 3 años y 6 meses en la cárcel antes de que se reconociera su inocencia.
El proceso penal contra estas tres indígenas inició hace 11 años, desde la administración encabezada por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, continuó con Felipe Calderón, del mismo partido político, y permaneció con Enrique Peña Nieto, del PRI.
Fueron acusadas, señaladas, humilladas y exhibidas como delincuentes. Teresa dio a luz a su hija tras las rejas esperando justicia, la menor permaneció los años que permite la ley al lado de su madre, presa injustamente.
En México hay 11 millones de indígenas, pero apenas 24 abogados públicos federales certificados que podrían defenderlos si se ven involucrados en un conflicto con la ley, porque son los únicos que hablan una lengua indígena, pero sólo 18 de las 68 originarias, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales.
En 2014, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), había 9 mil 753 mil indígenas en la cárcel, el 4% mujeres, es decir 390 hasta ese año.
A estas tres mujeres se les negó el intérprete y un proceso justo, por lo que perdieron casi 11 años de sus vidas. ¿Cuántos casos similares existen que no se conocen? ¿Cuántas de ellas no se defienden por ignorancia y falta de recursos? El tiempo no regresa y el daño está hecho. Está marcado para siempre.
Sin pretenderlo, estas mujeres indígenas se convirtieron en un ejemplo de lucha por la justicia. El mensaje que emitieron a la opinión pública es estremecedor: “Es lamentable, vergonzoso e increíble que a 6 meses de cumplirse 11 años del caso 48/2006 hoy por fin la PGR reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error.
La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza”.
Un número importante de mujeres en México es violentada, indígena o no, pero hoy las palabras de estas víctimas del Estado mexicano entregan a la población, en una frase, la fórmula para superar una buena parte de los problemas de nuestro país: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
